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El reglamento de bonos verdes europeos fija los requisitos a cumplir por los emisores que deseen ofrecerlos
Desde hace tiempo estamos habituados a escuchar, muchas veces sin saber muy bien a qué responde, el acrónimo ESG (Environmental, Social, Governance), así como palabras como bonos verdes, bonos sostenibles, bonos sociales, sostenibilidad y otras similares. Palabras que, con cierta frecuencia, se emplean con una pura finalidad de marketing y comercial, sin que detrás de su uso exista un impacto medioambiental o social, encontrándose el inversor desprotegido ante dicho desconocimiento. Tanto es así, que ha surgido un nuevo término: greenwashing (en inglés, como no podía ser de otro modo), para aludir a la práctica utilizada por aquellas empresas que llevan a cabo acciones comerciales tendentes a aparentar ser más respetuosas con el medioambiente de lo que realmente son.
La importancia de las emisiones de bonos ESG es una realidad desde hace varios años, tal y como pone de manifiesto el último estudio publicado por Mainstreet Partners, Green, Social and Sustainability (GSS) Bond Market Trends (Winter 2024). Desde mi punto de vista, uno de los datos más relevantes del estudio es que los emisores europeos dominan con creces el mercado europeo de emisiones de bonos ESG con un 66% del total, seguidos de lejos por EEUU, con un 16%, y Asia con un 14%, lo que se explica, en parte, por el marco regulatorio existente en Europa.
Otro aspecto significativo del informe es que EEUU es el país con el mayor porcentaje de recursos obtenidos por estas emisiones que son destinados a proyectos verdes y de energía renovable, mientras que Europa y, especialmente Francia (con un sistema de asistencia social realmente relevante), destaca por un mayor porcentaje de recursos destinados a proyectos sociales y al desarrollo, construcción y renovación de edificios sostenibles. En tercer lugar, también destaco de este análisis que las actividades de energía, construcción y transporte son a las que más se canalizan los recursos.
Lo anterior es el resultado de la evolución de las medidas implementadas por los gobiernos a nivel global y que tienen su origen en el protocolo de Kyoto de 1997 y en el posterior acuerdo de París de diciembre de 2015. En este contexto, y con el fin de facilitar a los inversores la tarea de identificar bonos cuyos ingresos contribuyan a conseguir los objetivos medioambientales fijados en el acuerdo de París, así como contribuir a fijar una serie de normas armonizadas que utilicen los verificadores externos, a finales del año pasado se aprobó el reglamento de bonos verdes europeos, que entró en vigor el 21 de diciembre de 2023, y se aplicará el próximo 21 de diciembre de 2024.
Dicho reglamento es de gran importancia puesto que, por un lado, fija requisitos obligatorios a cumplir por aquellos emisores que deseen ofrecer al público, admitir a negociación y comercializar emisiones como bonos verdes europeos bajo el reglamento de folletos y, por el otro, contempla un régimen voluntario de difusión de información previa y posterior a una emisión de bonos a cumplir por aquellos emisores de bonos comercializados como medioambientalmente sostenibles o vinculados a la sostenibilidad, lo cual, puede ser muy interesante para emisores de deuda en sistemas multilaterales de negociación.
Asimismo, el reglamento establece una serie de requisitos que tienen que cumplir las entidades que hagan de verificadores externos respecto de las emisiones de bonos verdes europeos en materia de honorabilidad de sus miembros del consejo de administración, formación de sus analistas o conflictos de interés.
Sin duda, este reglamento junto con los principios de la ICMA (International Capital Market Association), ya existentes, y el reglamento de taxonomía, contribuirán a aumentar la homogeneidad en los criterios de verificación y la seguridad jurídica de cara a los inversores, garantizando que cuando una emisión se califique conforme a la terminología del reglamento de bonos verdes europeos los fondos recaudados se destinarán a actividades con un beneficio medioambiental.
Publicado por Cinco Días, El País
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